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Tomar la Palabra
Por Agustín Ramos

La masacre que faltaba

 

LISTOS CON INICIATIVA

El mes pasado una comisión del Senado presentó la iniciativa de Ley General de Archivos (LGA) que consiste en 117 artículos organizados en tres libros más 15 artículos transitorios, cuyo texto, de 75 páginas con rúbricas de los comisionados, se puede leer en el enlace http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-17-1/assets/documentos/Inic_Ley_General_Archivos_rubricas.pdf

ttwww.senado.gob.mx/

 

REACCIÓN

Días después apareció el desplegado “Por el derecho a la memoria”, donde especialistas concernidos argumentaron sus preocupaciones en torno a las disposiciones de esa ley para con los archivos históricos. A juicio de los firmantes, estos último archivos se deben designar explícitamente como “fuente de acceso público”, su transferencia desde los archivos de concentración se debe ajustar a plazos temporales específicos para no dejar “a juicio del responsable de la dependencia en turno el hacer públicos o no los documentos bajo su resguardo”. Su valoración, añaden, la debe realizar un grupo multidisciplinario con presencia obligatoria “(y no opcional…) de un profesional de la historia”, en un lapso acorde con el promedio establecido “en las democracias” y no en dos años, pues este plazo “podría suponer su regreso a un archivo de concentración” con los consecuentes riesgos de destrucción “o sustracción por causas políticas”. Agregan también su oposición “a que el Sistema Nacional de Archivos, encabezado por el Archivo General de la Nación, quede bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación”, a que sea el presidente de la República quien nombre al titular del AGN y a que el Consejo Nacional de Archivos quede “en manos de funcionarios del gobierno”, pues los especialistas deben “tener una prevalente participación”. Advierten que la LGA representa riesgos para “el trabajo de los investigadores en la historia y las ciencias sociales” y para la construcción de “una memoria colectiva plural e incluyente”. Y subrayan que en los antecedentes de la LGA “se impulsó en todo el país un sistema de acceso a la información bajo la premisa de que la transparencia es fundamental en la construcción de una sociedad democrática, así como una garantía de los derechos humanos”.

La intención del documento arriba sintetizado es difundir la oposición y las razones de personas calificadas, en primer lugar, en el ejercicio de la historiografía y la archivonomía. Y, por último, el desplegado apela a “las instancias y las autoridades involucradas en esta iniciativa y en su implementación”, para que reflexionen en “la enorme importancia de los puntos aquí expresados”.

 

URÓBORO

Escondido tras el sentido común y los lugares comunes propios del fodongo estilo parlamentario, la iniciativa de ley sólo tiene un propósito. Habla de administrar, organizar, coordinar, preservar, etcétera, para avanzar hacia la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la impunidad y el derecho a la información. Pero en realidad es una serpiente emplumada a principios de 2014 que reaparece en 2016 convertida en marrano que se muerde la cola, pues su contenido articula una pirámide cuyo fin es que el control absoluto de toda la documentación susceptible de aportar elementos de conocimiento y memoria –histórica o no– quede en manos del Poder Ejecutivo, es decir del presidente de la República y, en orden calculadamente descendente, de sus secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Educación, Relaciones Exteriores y Cultura. Abajito deja una rendija a un diputado y a un senador, al Banco de México, al Conacyt y a un invitado con voz pero sin voto. Establece “tratamiento especial para los partidos políticos”, para receptores de “recursos públicos” y para ejecutores de “actos de autoridad…”. A los especialistas sólo se les considera opcionalmente para mayoritearlos en comités de tapanco. Además, para abrir boca, amenaza “derribar” el “arraigado prejuicio” de que los archivos sólo son para “aprovechamiento de los historiadores”… La gayola de los foros y los llamados a misa la cede a la ciudadanía cándida o interesada, solamente encima de quienes viven en lugares con menos de 70 mil habitantes.

En suma: la Ley General de Archivos apuesta por la impunidad y atenta contra los derechos más elementales de la sociedad mexicana. Es vital anularla y para ello no basta clamar a quienes han perpetrado la masacre que faltaba para cimentar el autoritarismo, la masacre de la memoria colectiva.

 

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