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Cinexcusas
Por Luis Tovar

Cine y TLCAN: la dignidad y la lógica (II Y ÚLTIMA)

 

Cuando se escribían estas líneas recién había finalizado la segunda ronda de “negociación y modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde el apartado correspondiente a las industrias culturales ni siquiera fue abordado, por lo cual habrá que esperar hasta la tercera ronda, a efectuarse en Canadá a finales de este mes, para saber si hay alguna posibilidad de que mejore la situación del cine mexicano, si seguirá siendo la misma o si habrá de empeorar.

Por lo pronto, y en congruencia con la que ha sido su postura desde hace veintitrés años, a través de la Alianza de Artistas de Cine, Televisión y Radio Canadienses, ese país sostiene que “la exención cultural [que ellos sí exigieron y obtuvieron] debe ser mantenida y fortalecida”, pero no sólo eso: para que el término modernización tenga real sentido, agregan que dicha exención “debe reforzarse considerablemente cambiando la definición actual de las industrias culturales y eliminando la cláusula sin perjuicio que autoriza represalias contra medidas que han sido incompatibles con el acuerdo si no fuera por la exención.”

 

EL CINE EN CAPILLA

La tienen fácil los negociadores mexicanos: basta con suscribir palabra por palabra el punto anterior y, con un argumento así de sólido, hacer por fin lo que omitieron los empleados de Salinas de Gortari. La tienen más fácil todavía gracias a que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), la Asociación Mexicana de Productores Independientes (AMPI) y la organización El Grito Más Fuerte (EGMF) ya les hizo el favor –no pedido, ojalá que bien aprovechado– de señalarles, con claridad meridiana, cómo deben abordar el tema. He aquí los puntos esenciales que la AMACC, la AMPI y EGMF han hecho públicos, de cara a las citadas negociaciones:

En lo relativo a la exención cultural y el necesario cambio en la definición de qué son, en qué consisten y cuáles son los alcances y la importancia de las industrias culturales, los firmantes explican que dicho cambio “obedece a que sus bienes y servicios [de dichas industrias] ahora pasan por nuevas plataformas tecnológicas digitales que permiten un amplio y dinámico intercambio transfronterizo en el marco del comercio electrónico, por lo que se debe eliminar toda limitación de la capacidad de México para regular o gravar los servicios de Internet que proporcionan obras audiovisuales u otras obras artísticas a los consumidores.”

También se alerta, y este punto afecta no sólo a las industrias culturales sino al total del comercio regido por el Tratado, para “no permitir que se elimine el capítulo de solución de controversias en materia de inversiones del TLCAN [ni] que las diferencias se resuelvan con las leyes de Estados Unidos”, como propone ese país, así como “no aceptar la posición de Estados Unidos de ratificación automática de los TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, ‘acuerdo relativo a aspectos de propiedad y derechos intelectuales’) en materia de servicios y que México pueda decidir de manera autónoma y soberana lo que a su interés convenga en lo que hace a los aspectos culturales.”

La justificación de todo lo anterior debería ser obvia no sólo para los negociadores del lado mexicano: “la actividad cinematográfica y audiovisual concretada en la creación y en la producción de bienes culturales no puede enfocarse bajo un mero aspecto económico, ya que tienen una funcionalidad y finalidades que van más allá de los intereses simplemente comerciales, para entrar en los campos de la cultura como elemento de preservación y apoyo a nuestra identidad cultural”. Asimismo, y dado que el valor económico de las industrias culturales representa un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto, también es necesario “que se modifique la política tributaria en lo que hace a los ingresos culturales que genera esta actividad económica que no queda gravada en el país, pese a que la fuente de ingresos se genera en México, tomando en cuenta que la regalía es un derecho que atañe a los creadores”.

Finalmente, parece carta a los Reyes Magos pero los convocantes tienen razón cuando afirman que es imperativo “revisar y actualizar la legislación mexicana”, comenzando por las leyes federales de Cinematografía, Telecomunicaciones y Radiodifusión, Competencia Económica y la de Derechos de Autor, así como la General de Cultura y el Código Fiscal de la Federación.

Sería la gran cosa que se impusiera la lógica y, con ella, la dignidad soberana. A ver con qué noticia nos desayunamos el jueves 28 de septiembre.

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