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Para una verdadera rehabilitación social
'Sustentabilidad de la ejecución penal', Eduardo Guerrero Durán, Miguel Ángel Martínez Rodríguez, Jesús Héctor Grijalva Tapia y Tania Margarita Rosales Reyes, Ediciones Eternos Malabares, México, 2018.
Por Ricardo Venegas

El Estado mexicano tiene el deber de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos. La implementación de una política pública penitenciaria con enfoque sustentable y humanitario contribuirá a que la privación de la libertad permita la prevención del delito y la reinserción efectiva del sentenciado, en un entorno en el cual se respeten los derechos humanos de toda persona privada de la libertad. Así lo afirman los ensayos incluidos en este volumen a cargo de Eduardo Guerrero Durán, Miguel Ángel Martínez Rodríguez, Jesús Héctor Grijalva Tapia y Tania Margarita Rosales Reyes.

Se trata de políticas encaminadas a proporcionar hábitos y destrezas útiles en las prisiones. Las condiciones de autonomía social y económica mediante una actividad deben ser objetivos de un centro penitenciario sustentable. Es necesario encaminar los esfuerzos, desde dotar a la persona privada de la libertad de la capacidad de afrontar obligaciones económicas, como el pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito, las obligaciones impuestas por sentencia o sanción administrativa, la colaboración con los gastos familiares o el fomento del sentido del ahorro, hasta modificar la actitud de la persona privada de la libertad para que pueda participar en las políticas sustentables.

Las soluciones propuestas en esta política de sustentabilidad necesitarán del esfuerzo conjunto del Estado y la sociedad. En este proceso será necesario llevar a cabo acuerdos de colaboración entre las autoridades corresponsables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Se concluye que la sustentabilidad de la ejecución penal “es la capacidad del Estado de prestar los servicios penitenciarios, sin agotar los recursos que utiliza y requiere para funcionar, y sin producir más contaminantes que pueda absorber su entorno, lo cual también incluye el desarrollo económico, social y ambiental propio, tanto de las personas privadas de la libertad y de las instituciones penitenciarias”, en armonía con una sociedad que continuamente modifica sus conductas en el cuidado del medio ambiente; tema prioritario en la agenda gubernamental en cumplimiento de los compromisos ambientales internacionales y de una interpretación literal del artículo 6º de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que refiere que “la Autoridad Penitenciaria promoverá que los Centros Penitenciarios sean sustentables”, de lo que se desprende como una obligación del Estado, garantizarlo promoviendo la sustentabilidad en los centros penitenciarios en beneficio de las personas privadas de la libertad, como consecuencia de la esfera de sus derechos humanos.

 

 

 

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