Cinexcusas

“La Iniciativa presentada [en la Cámara de Senadores, relativa a la Ley Cinematográfica] incorpora medidas que distorsionan el mercado al imponer cuotas para películas, y establecer limitantes a la oferta de funciones y salas.” Con subrayados de este autor, los autodenominados Distribuidores Independientes de Películas (DIP) expresan así su gran preocupación y añaden que, de ser aprobada dicha iniciativa, “se estarían desplazando otras películas que se programarían de manera natural”.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”: así se dice en jerga abogadesca y el dicho le aplica perfectamente a los DIP, sólo que de manera retrospectiva: ellos han sido, junto con los exhibidores cinematográficos, los grandes beneficiarios de la distorsión, la limitación y el desplazamiento al cual el cine mexicano ha sido sometido, en una situación que se remonta varias décadas atrás pero que, sobre todo, se recrudeció desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, los DIP están llamándole distorsión a una simple tentativa –que, por lo demás, quién sabe si se logre– de volver a la situación que prevalecía antes, una en donde la distribución y exhibición fílmica en México no padecía el grosero, abusivo y pernicioso desbalance que la caracteriza hoy, a todo lo cual no sólo ellos, sino sobre todo el público cinéfilo, están perfectamente acostumbrados.

Los (neo)intocables

Más que su preocupación por un “crecimiento” y un “enriquecimiento” a los que aluden en su carta abierta, que por cierto no los ha beneficiado sino a ellos e implica una anomalía no “de mercado” sino cultural, las razones de los DIP sólo tienen que ver con el deseo de que todo quede intocado, tal cual está, para seguir medrando como vienen haciéndolo en las últimas dos décadas y media cuando menos. Si el exitoso fuera el cine mexicano y no el hollywoodense y sus aledaños, de seguro esgrimirían un nacionalismo recalcitrante y pedirían exactamente lo contrario a lo que hoy “argumentan” de modo tan deficiente.

Que su preocupación fundamental es económica queda claro con el remate de su carta abierta, que a la letra dice: “La industria cinematográfica en México, en particular en sus eslabones de exhibición y distribución, ya presentan retos enormes hacia el futuro como la competencia de plataformas digitales, la piratería, y los cambios en hábitos de consumo.” A esos agentes, más bien añejos a estas alturas y que no los afectan sólo a ellos sino a todos, añaden la “incertidumbre sobre el regreso masivo del público a las salas de cine”, a consecuencia de la pandemia; es decir, nuevamente un contexto que todos, no nada más ellos, han tenido que enfrentar.

Dice el refrán: el que tiene más saliva traga más pinole, y la verdad es que los DIP, tanto como los grandes distribuidores y exhibidores cinematográficos, históricamente han tenido y tragado más que los productores cinematográficos mexicanos, “independientes” o no. Son estos últimos quienes, desde hace décadas, se han mantenido a veces pareciera que del puro aire y han soportado un trato como de pariente pobre a la hora de buscar que sus películas sean vistas por el público, todo a consecuencia de eso que los DIP consideran “un mercado saludable” al que una Iniciativa quiere estropear, “para afectarlos”.

Pero el colmo es que concluyan su alegato sosteniendo que la multicitada Iniciativa pretende conculcar su “derecho a la libre industria”, como si el derecho de los demás participantes en esa misma industria fuese menos importante. Peor todavía, es hilarante su bipolaridad discursiva cuando acompañan la acusación anterior diciendo que están en riesgo “los derechos del público en general al acceso a la cultura y el esparcimiento”, una frase que los pinta exactamente al revés de lo que son, es decir, agentes activísimos en la negación, por distorsión mercadotécnica, de ese derecho a la cultura.

Leer para creer.