Tomar la palabra

Guillermo Sheridan es un defraudador sistemático. No nada más por cobrar en la UNAM sin cumplir todas sus obligaciones sino también, y sobre todo, porque hizo algo más que jalar del gatillo. Con su olisqueo más reciente, ahora sobre tesis en serie –y en sincronía con quienes defienden sus mismos privilegios–, alcahueteó un fraude que asegura a la derecha el control total del Poder Judicial. En otras palabras, su parte en esta conspiración consistió en dar el tiro de gracia para que Norma Piña presidiera nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Probar cargos por conspiración no es enchílame otra, como consta en el juicio a García Luna. Porque la delincuencia organizada borra cualquier indicio de vinculación directa y segrega y destaza la información, para que cuando la conjura aparezca –si aparece– resulte fragmentaria –rompecabezas que en casos como éste no son juego– y porque se toma su tiempo: por ejemplo, el fraude electoral de 2006 comenzó años antes, con la imposición de Luis Carlos Ugalde en el Instituto Federal Electoral. Luego no es casual que, a fin de tomar la presidencia de la SCJN en 2023, la conspiración de los privilegiados aprovechara turbiedades de 1986 (no del ’85 sino del ’86) para exponerlas a fines del ’22 (no antes ni después). Así que al otro día de consumado el fraude, el 2 de enero del ’23, en El Universal (“Bitácora de vuelo”) cual un asesino solitario, Sheridan confesó haber disparado “desinteresadamente y pensando en la República”.

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En un artículo de revistacomun.com, donde se ocupa tanto del plagio del actual director del Centro de Investigación y Docencias Económicas como de otro –que aquí viene más al caso– cometido por Pierre Gaussens contra Miguel Ángel Berber, Héctor Vera señala que aparte de constituir un robo y violar la propiedad autoral, el plagio académico es un fraude intelectual que perjudica al creador original, lastima al gremio y desfalca las instituciones académicas. Subrayó dos puntos de su profundo análisis: la actitud de la autoridad académica ante el problema (todo con tal de evitar el escándalo, salvar el prestigio y aprovechar la crisis institucional) y la oprobiosa asimetría entre la víctima plagiada y el victimario.

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A propósito de asimetrías y el Sheriff aviador. Pese a basar la acusación de plagio en un puntual estudio comparativo donde consta que la novela de Víctor Celorio, El unicornio azul, se registró en Derechos de Autor en 1986, mientras que Diana o la cazadora solitaria, de Carlos Fuentes, apareció en la Alfaguara capitaneada por Sealtiel Alatriste, los responsables de la abyección resultaron absueltos judicialmente. Y es que aquel disparo del francotirador no buscaba desmantelar la industria del plagio literario propia del neoliberalismo ni, mucho menos, frenar la canonización de la literatura mexicana contemporánea, sino solamente dar cuartelazo a la gerencia cultural de Alatriste en la UNAM.

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Más temprano que tarde esta lesa humanidad consolidará un movimiento contra los fraudes que derivan en la muerte civil de los creadores plagiados, en desapariciones forzadas y asesinatos de periodistas y dirigentes sociales, en ecocidio, feminicidios, farsas mediáticas y falsas delaciones. Un movimiento que hará responder a Calderón, Diego, Beltrones, Hank, González X, Salinas y cómplices antonomásticos como Gertz, Córdova y Monreal, de daños colaterales y pragmatismo político. Le exigirá cuentas a los sumos pontífices del suicidio espiritual de la alta cultura, Paz, Benítez, Azcárraga, Pliego... Y cobrará lo justo a las Wallace, los Loret, los Krauze-Camín, hasta que la forma de este ruido toque fondo, deje de ser amenaza y fragüe en profecía.