La flor de la palabra

En el mes de marzo en la cultura zapoteca se celebra el Nabaana, un momento especial del año, cuando los vivos acuden a los cementerios para celebrar una fiesta con sus familiares ya fallecidos. Sin embargo, existimos familias indígenas que no podemos ir a saludar a nuestros seres queridos en la casa de los muertos, porque fueron desaparecidos y nos seguimos preguntando: ¿dónde están?, ¿dónde se los llevaron? Hemos aprendido a vivir con esa ausencia, pero aún no sabemos cómo medirla. ¿La ausencia se puede medir por días, por kilos? ¿Se puede medir en centímetros cúbicos por la cantidad de lágrimas derramadas? ¿Acaso se puede medir por el tamaño del dolor?

Quizá estas preguntas parezcan absurdas, pero para muchas familias indígenas son la tortilla de cada día, caminan con nosotros, aparecen cada vez que se nombra Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas, Nochixtlán, Juchitán o San Mateo del Mar, entre tantas comunidades indígenas que han conocido los rostros más duros de la violencia y donde, a pesar de la ausencia de varios de sus habitantes –ya sea por el desplazamiento forzado, la migración a la que obliga la pobreza, los crímenes o la desaparición forzada–, insisten en aferrarse a sus lenguas y expresiones culturales.

No podemos hablar de culturas o lenguas indígenas sin mencionar las luchas cotidianas que los pueblos viven para mantener sus raíces más profundas, ya que estas raíces necesitan un territorio donde afianzarse, lo que implica batallas por su defensa y la de sus elementos más preciados, como el agua, el aire, sus minerales, su biodiversidad, su espiritualidad, los seres míticos y sagrados que lo habitan, su historia y toda la literatura que de ello se puede crear. Las batallas son disparejas. Por un lado, los pueblos indígenas tratando de defenderse con las leyes o con algunos palos y piedras y, por el otro, las grandes empresas con sus enormes bufetes de abogados, con los permisos y concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de los recursos naturales, o con sus aliados: jueces corruptos, policías, soldados o grupos paramilitares.

Una de las formas represivas más terribles y sofisticadas que se conocen es la desaparición forzada, porque, como ha escrito el doctor Camilo Vicente Ovalle (investigador zapoteca), para los perpetradores hay una lógica en ese acto: si no hay cuerpo, no hay delito que probar. Sólo que la violencia no se ejerce nada más en contra de la víctima directa, sino que afecta a todo el entorno de la persona desaparecida, ya que no es nada más “llevarse a alguien”: ese alguien es miembro de una familia, de una organización social, de una comunidad; ese alguien es hablante de una lengua indígena, que no podrá seguir heredando a sus descendientes, como tampoco puede ya contarles leyendas de su pueblo, las de los héroes o los aparecidos, ni podrá contarles historias de duendes o nahuales, ni hablarles de los dueños del monte ni de la señora del agua, ni podrá enseñarles a sembrar la tierra o a cuidar de los árboles.

Las personas indígenas que han sido desaparecidas fueron vistas como peligrosas por sus luchas, ya que se opusieron a los cacicazgos, a personas, instituciones y empresas que de manera ilegítima pretendieron adueñarse de las riquezas de los pueblos o se han dedicado al paulatino extractivismo sobre ellas. Cuando desaparecen a una persona se llevan a un padre o a una madre, dejando a sus hijos en una orfandad no reconocida, ni legal ni socialmente, porque no tenemos un cuerpo, no tenemos un muerto; tenemos la ausencia, la incertidumbre, el miedo atroz de que así como se llevaron al padre, un día también vengan por la madre, o por los tíos, o por los amigos de la familia o por los otros miembros de la comunidad. Vivir bajo esas condiciones es una terrible tortura que tampoco está reconocida, que no podemos probar fácilmente, pero sabemos que violenta y lacera profundamente las culturas de los pueblos indígenas.