La flor de la palabra

Finalizó agosto y también los eventos que diversas instituciones realizaron para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, cuya fecha, el 9 de dicho mes, fue propuesta por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En el marco de este evento, además de los repetidos discursos acerca de la riqueza cultural representada en los sesenta y ocho pueblos indígenas existentes en México, así como de diversos eventos en los que vimos el desfile de las vestimentas tradicionales, a funcionarias portando huipiles como disfraz de un día, a burócratas intentando saludar en alguna de las lenguas originarias, también se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Dicho catálogo busca identificar a dos sectores importantes de la población para, en teoría, garantizar el cumplimiento de sus derechos colectivos ‒aunque ya han surgido señalamientos respecto a que no están todas las que son, ni son todas las que están‒, y puede resultar una herramienta útil para conocer un poco más acerca de las formas de organización, de las lenguas, cultura, saberes, territorios, entre otras cosas, de los pueblos indígenas y el afromexicano, lo cual aporta datos importantes para diseñar políticas públicas específicas para las poblaciones referidas.

En esta diversidad de festejos, quizás uno de los actos más simbólicos fue la aprobación, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal, del dictamen para la reforma del artículo segundo de la Constitución Política Mexicana, en el cual se propone reconocer a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este dictamen resulta de la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara el 5 de febrero de este año, mismo que seguramente será aprobado por la mayoría de diputados y tal vez también de senadores, con lo que se da un pequeño paso en el camino para resarcir la enorme deuda que el Estado mexicano tiene con la población indígena y la afromexicana.

Aunque algunos funcionarios del gobierno federal han declarado que esta iniciativa cuenta con el respaldo de las poblaciones indígenas y afromexicana, es importante recordar que el documento entregado por el Presidente de la República no contiene la totalidad de los puntos discutidos en los cincuenta foros regionales que se realizaron en veintisiete estados del país, durante 2019, el cual buscaba la modificación de al menos quince artículos de la Constitución Mexicana y cuyo resultado fue entregado al Ejecutivo, en Vícam, Sonora, el 28 de septiembre de 2021, con la voz de Jesús Patricio Varela, Secretario del pueblo yaqui de Tórim, señalando: “No es un regalo, no es un asistencialismo; busca regresarnos lo que es nuestro.”

La voz del líder yaqui se ha perdido en el tiempo, así como se diluyó en el camino y en los escritorios de la Consejería Jurídica de la Presidencia Nacional la propuesta original de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Si bien algunos representantes indígenas y de gobierno celebraron con júbilo la aprobación de un dictamen, ojalá los líderes comunitarios tengan presente que aún no se puede bajar la guardia ni dar por hecho que con la reforma de un solo artículo se saldan viejas deudas. También hay que insistir con quienes integrarán el nuevo gabinete y con los legisladores ‒varios de ellos van por su tercera vuelta en el Congreso‒, que aún falta mucho por resolver en la materia, ya que, además de las reformas legislativas pendientes, es necesario otorgar y aumentar presupuestos a las instituciones responsables de garantizar el ejercicio pleno de los derechos indígenas y afromexicano, donde lo último que se requiere es austeridad, puesto que hay varias facturas pendientes.