La flor de la palabra

La población originaria en México es tan diversa, que es complejo atender todas sus demandas y necesidades, pero entre los pendientes más urgentes está garantizar el derecho a la vida digna, lo cual implica generar las condiciones legales, sociales y de justicia para preservar los entornos que están ligados a su permanencia, como el cuidado y la conservación de sus elementos naturales: el agua, las plantas, árboles y semillas, la fauna propia de cada región, los minerales, los territorios, los conocimientos que sobre ellos existen, además de las creaciones y expresiones artísticas, con el objetivo de que no sean entregadas a las grandes empresas o a particulares que buscan especular con las raíces y las riquezas de las comunidades.

En unos días más comenzará en este país, por primera vez, el gobierno de una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum. Esto significa que muchas personas estarán vigilantes de su actuar al frente del gobierno. No sólo se observará su manera de organizar la administración pública, sino también el modo en que, como mujer, ejercerá la autoridad máxima en este país. Me hago esa pregunta también y me vuelvo a sentir la niña que en mayo bailaba y oraba en el pueblo para pedirle al señor de los lagartos abundante lluvia y buena cosecha, porque la esperanza persiste a pesar de las decepciones que las personas y comunidades indígenas hemos tenido al ver que siguen pendientes varios de los sueños y las promesas de cambio que surgen en cada sexenio. Pensando en estos pendientes, buscamos establecer diálogos con diferentes sectores de los pueblos originarios de los cuales han surgido algunas propuestas frente a la pregunta: ¿qué esperamos de la presidenta?

Aunque las repuestas son variadas, hay coincidencia en la esperanza de que Claudia Sheinbaum gobierne como mujer, es decir, con la fuerza y la inteligencia para impulsar una agenda de género que permita mejorar las condiciones de vida para todas las mujeres, en especial para aquellas que han sido triplemente marginadas, las indígenas, las afromexicanas y las de la diversidad sexual que siguen esperando el acceso pleno a la educación, a la salud, a la equidad de salarios, a ser reconocidas como sujetas de derechos agrarios y propiedades, a decidir sobre sí mismas, a disfrutar de una vida libre de discriminación y violencia.

Esperamos también que la presidenta recuerde que en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, en el artículo 5, se establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado”. Lo anterior implica concretar la Reforma Indígena que busca el reconocimiento de las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de Derecho Público; el reconocimiento de su personalidad jurídica; de los sistemas normativos propios, así como sus formas de organización interna; el establecimiento de los principios de interculturalidad, pluriculturalidad y pluralismo jurídico; la protección de la propiedad intelectual y de su patrimonio cultural tangible e intangible, y tener acceso a los medios de comunicación y a las tecnologías de información, así como a desarrollar las propias.

Otra de las viejas esperanzas de la población indígena es el derecho a recibir educación en sus propias lenguas, es decir, que en cada escuela de las regiones indígenas haya clases, libros de estudios y cuadernos de trabajo en nuestros propios idiomas. Aunque este tema ya está contemplado en las leyes educativas federales, aún no se realiza debido a la ausencia de funcionarios sensibles y a la falta de voluntad política para dotar de mayor presupuesto a las instituciones responsables de formar a los profesores indígenas y de elaborar los materiales didácticos. Es cierto que esto parece una vieja cantaleta, pero no la dejaremos de entonar mientras no se convierta
en realidad.