La flor de la palabra

Si decidiera armar una antología de historias de discriminación, seguramente sería un libro interminable. Cada una de mis amistades podría contar cómo le negaron la atención en una oficina o en un hospital por hablar una lengua distinta al español; alguien me diría cuántas veces, en los aeropuertos, lo han enviado al cuarto de revisión exhaustiva por su color de piel o la forma de su nariz; muchas amigas me contarían las veces que les pidieron probar que sus hijos son sus hijos “porque el niño no es tan moreno” y mis amigas muxes escribirían sobre toda la violencia que padecieron por parte de compañeros y profesores en las escuelas, y de la que siguen padeciendo en las instancias gubernamentales cada vez que acuden a realizar un trámite.

Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la discriminación “es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido”. No sólo es algo con lo que convivimos cada día. Es tan terrible que ha dado lugar a guerras y crímenes de odio; es el antecedente de muchas maneras de violencia que hemos visto y vivido en México, donde el veintiocho por ciento de la población indígena mayor de doce años ha manifestado haber sufrido alguna forma de discriminación, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, la cual también señala que el 37.3 por ciento de la población de la diversidad sexual y de género refirió haber vivido alguna experiencia de discriminación.

Parecen simples cifras, pero cobran otra dimensión cuando vemos que en estados como Chiapas, Guerrero o Oaxaca, con una alta población indígena, los números aumentan, ya que, sumada a la pertenencia a un pueblo originario, hay otros factores como la pobreza. En Chiapas, en 2017, el porcentaje de víctimas de discriminación fue de 16.7 por ciento, aumentando para 2022 a 18.9 por ciento, mientras que, en Guerrero, en el mismo período de tiempo, pasó del 25.1 por ciento al 26.7 por ciento, en tanto que en Oaxaca, las cifras aumentaron del 24.9 por ciento al 26.7 por ciento, colocándose prácticamente en el quinto lugar de los estados con mayor discriminación en el país, según los datos más recientes del INEGI.

En Oaxaca, además de las agresiones contra la población indígena, los feminicidios y las violencias contra la comunidad de la diversidad sexual, por desgracia, se han vuelto noticia de todos los días. De acuerdo con la Plataforma de Violencia Feminicida (PVF) del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, sólo entre el primero de diciembre de 2022 al 17 de junio de 2024, hay un registro de 162 víctimas de feminicidio, siendo las mujeres indígenas una parte importante de esta cifra, por lo que se vuelve necesario trabajar en las diferentes formas de educación que contribuyan a reducir estas violencias en lo cotidiano, así como también es urgente generar políticas públicas que reduzcan la discriminación en todos los ámbitos institucionales: el escolar, laboral, de salud y de acceso a los servicios públicos.

Recordemos que también en Oaxaca, desde el 9 de diciembre de 2013, fue publicada la Ley para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación, por lo que ya ha cumplido más de once años de vigencia, sin que hasta la fecha se haya hecho efectiva la instalación y operación de la comisión responsable de atender dicho tema, a pesar de que ha sido demandada por diversos sectores sociales, quienes ven la urgencia de contar con una instancia que, a través de la investigación y el análisis de los patrones de discriminación, ayude a desarrollar acciones concretas para erradicar los prejuicios y estereotipos, además de los actos que violentan y atentan contra la integridad de las personas, todo lo cual cubre como pesada sombra la posibilidad de una vida plena, sobre todo libre de angustia y miedo.