La flor de la palabra

Este primero de junio tuvimos en México un ejercicio importante para la ciudadanía: las elecciones del Poder Judicial que se realizaron por primera vez para elegir a ministros, magistrados y jueces. Durante las campañas uno de los argumentos más socorridos fue la frase “el pueblo elige”, con la cual se buscaba incentivar la participación de los votantes en las urnas. Sin embargo, una situación que observamos en los pueblos indígenas fue la terrible confusión frente a un largo listado de nombres y personas que la mayoría de los pobladores de las comunidades desconocía, salvo contados casos de juristas de pueblos originarios
que sabemos que están comprometidos con la defensa de los derechos de los pueblos, o que han desarrollado una carrera profesional en el sistema judicial.

Algunos personajes aparecieron en los medios de comunicación acusados de violaciones a los derechos humanos, de plagios de tesis, de liberar a delincuentes e incluso de estar en prisión. Otros nombres se leían en los famosos “acordeones” que se distribuyeron por parte de funcionarios, legisladores y dirigentes partidistas. También en algunas regiones, como parte de las campañas, llegaron personas reivindicando su origen indígena para tratar de ganar simpatías, aunque nunca hubiesen acompañado los procesos de las diversas organizaciones de pueblos originarios, como la defensa del medio ambiente y las tierras.

Otro elemento a considerar fue la nula información en lenguas indígenas en el proceso de elección del poder judicial. No escuchamos propaganda o anuncios, ni vimos textos en alguna de las variantes lingüísticas de México. Muy pocos candidatos, en alguna cápsula de promoción, saludaban en su lengua materna. En las casillas instaladas para la emisión del voto tampoco se contó con la presencia de intérpretes traductores que pudiesen explicar, en alguno de los idiomas originarios, el proceso para elegir a los juzgadores, a las personas que poco o nada entienden el castellano.

Por ello no es de extrañar la poca participación en dichas elecciones, a pesar de que varios líderes locales “facilitaron” las condiciones para el traslado y participación de la gente, cuando no presionaron abiertamente con las amenazas de suspender los apoyos o despedirlos de los empleos en municipios u otras instancias. De cualquier manera, ganó el abstencionismo que, finalmente, es otra forma de elección. Esto nos lleva a preguntarnos quién elige, cuando vemos que no siempre los pueblos indígenas tienen la posibilidad de elegir a sus representantes o autoridades. Es importante aclarar que en las comunidades la gente no se queda estática; por el contrario, se organiza, sigue insistiendo en varios frentes en la posibilidad real de poder elegir, libre y democráticamente, a quienes serán sus representantes y bajo qué mecanismos, como está ocurriendo en Jalisco, donde habitantes del municipio de Bolaños decidieron separarse del sistema de partidos políticos y elegir a sus autoridades según sus usos y costumbres. Aunque falta que esta decisión sea ratificada por el Congreso local, el ejercicio nos habla de que los pueblos, cuando se organizan, logran ser escuchados.

En este mismo sentido existen otros ejemplos en el país, como Cherán, en Michoacán; Ayutla de los Libres, en Guerrero y Oxchuc, Chiapas, que lograron por la vía legal elegir autoridades bajo sus propias reglas. Por su parte, el estado de Oaxaca fue el primero en el país en reconocer los sistemas normativos indígenas, en 1995, así como en tener una Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas desde 1998. A pesar de estos reconocimientos y leyes, sigue resultando muy complicado para las comunidades ejercer sus derechos y sus propias formas de organización, ya que tanto partidos políticos como empresas privadas siguen interviniendo en su territorio, afectando la vida política, la economía, la cultura, la salud y la relación con la naturaleza y el entorno.