La flor de la palabra

“Los indios nos hemos puesto de moda”, escucho decir a una persona, mientras hablamos de que en los últimos treinta años se nota la presencia de personas originarias o hablantes de alguna de las 364 variantes lingüísticas que existen en México, en espacios como las oficinas de atención a la población indígena en las instituciones de gobierno (federal y estatales), o en la solicitud de beneficios, como el acceso a programas y becas que han fortalecido las creaciones y expresiones artísticas, o en el desarrollo de obras de infraestructura en algunos poblados que han favorecido la construcción de aulas escolares, caminos artesanales, electrificación o el acceso al agua potable, etcétera. Pero es necesario señalar que estos pequeños avances han sido resultado de las diversas movilizaciones y luchas que los pueblos originarios han dado para que sus demandas sean escuchadas y resueltas.

Hablo de la visibilización en los últimos treinta años, porque no debemos olvidar que, si bien a lo largo de quinientos años se han desarrollado distintos procesos de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, no podemos negar que es en la vida contemporánea que ocurre el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, que puso en el ojo público, a nivel nacional e internacional, el abandono en el que se encontraban los pueblos indígenas y, con ello, el gran y terrible rezago en áreas sustanciales, como la salud, las comunicaciones y la educación.

Es por ello que los aparentes avances deben verse como paliativos, ya que a pesar de que varios profesionales indígenas han logrado insertarse en espacios públicos, aún no es posible su participación ni incidencia en la toma de decisiones respecto a las políticas públicas dirigidas a la población originaria, ni se ha logrado una verdadera reforma indígena, ni se ha podido garantizar el pago digno a intérpretes-traductores en los sistemas de justicia y de salud, tampoco se han cumplido las garantías establecidas en la Constitución Política Mexicana, como en el artículo tercero, que propone que la educación en las regiones indígenas debe ser en las lenguas originarias de dicha zona, lo cual no ocurre, mientras vemos cómo las lenguas originarias son desplazadas a un ritmo acelerado que no ha podido ser ralentizado con la creación de institutos y programas de difusión de la riqueza lingüística de México que sólo se quedan en el discurso.

Por supuesto que es importante la presencia de un mixteco en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que la participación de mujeres indígenas en los cargos públicos, porque creemos que existe la posibilidad de que se logren algunas mejorías para los pueblos y comunidades indígenas. Y digo algunas, pues sabemos lo complicado que es negociar con la burocracia y el poder. Aún tenemos esperanzas, a pesar de la ignorancia de los funcionarios que se burlan de la identidad indígena, como ocurre en la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca, donde a través de la circular SA/SP/035/2025, se “invita” al personal de dicha dependencia a que cada miércoles vista un traje típico del estado.

Dicha invitación, que en el lenguaje gubernamental significa “obligación”, ha molestado a los trabajadores, puesto que les impone un disfraz, al no ser su vestimenta cotidiana. Esta situación nos muestra que no siempre la presencia de personas indígenas en los espacios de poder es positiva, ya que pueden tener ocurrencias como la señalada, convirtiendo en disfraz un símbolo de identidad, de origen, de cosmovisión de quien lo porta, mismo que, al no ser llevado con respeto y desde el corazón, es despojado de su verdadero significado, se vuelve sólo un trapo para cubrir el cuerpo, un trapo que habla de racismo, de discriminación y de un camino que disfraza de reconocimiento el maltrato y la violencia a las comunidades y pueblos indígenas.